El Grupo Inmobiliario Reyal Urbis presenta concurso voluntario de acreedores

Cinco años después del estallido de la burbuja inmobiliaria, la crisis sigue haciendo estragos en el sector del ladrillo. Reyal Urbis ha anunciado este martes que presenta concurso voluntario de acreedores tras no haber podido alcanzar un acuerdo para refinanciar su deuda, según ha comunicado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La entrada en suspensión de pagos del grupo es la segunda mayor de la historia empresarial de España, solo superado por la que protagonizó otra inmobiliaria, Martinsa-Fadesa, que alcanzó un acuerdo con la banca para pagar sus 7.200 millones de deuda en un plazo de hasta 10 años.

El endeudamiento financiero neto de la compañía, que ya había presentado preconcurso el pasado 23 de octubre, era a finales del tercer trimestre de 2012 de 3.613 millones de euros. Su primer acreedor es Santander, con una de duda de 530 millones si se suma la de Banesto, aunque el grupo que preside Emilio Botín ha provisionado buena parte de los créditos. A esta cantidad, sin embargo, hay que sumar una porción importante de la deuda de 300 millones que soporta Inveryal, una sociedad patrimonial del presidente de Reyal Urbis, Rafael Santamaría. A continuación se sitúa el banco malo o Sareb, quien tiene 707 millones pendientes de cobro dado que ha asumido los préstamos concedidos a la empresa por parte de las entidades nacionalizadas y recibirá también los préstamos de las que están en vías de ello, las que entran dentro del grupo dos.

El listado de acreedores se completa con el fondo Appaloosa, que recientemente compró la deuda de 406 millones que tenía Barclays, el Banco Popular, FMS, Caixa Geral, EuroHypo, RBS y BBVA. Además, Reyal Urbis adeuda unos 400 millones de euros a la Agencia Tributaria y otros 215 millones al Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Frente a esta deuda, Reyal Urbis tiene una de las mayores carteras de activos inmobiliarios del sector, cuyo valor era de 4.194 millones en junio de 2012, según valoraciones realizadas en dicha fecha por la sociedad de tasadores independientes Jones Lang.

El detonante de la petición del concurso, sin embargo, fue un embargo de 5 millones que le reclamaban a Reyal Urbis para pagar deudas derivadas de pleitos mientras la banca decía no a la última petición de la inmobiliaria. En ella, la inmobiliaria solicitaba 30 millones para hacer frente a sus compromisos con proveedores y abonar los intereses de la deuda contraída con la Agencia Tributaria.

Previamente, la inmobiliaria había puesto dos propuestas sobre la mesa para intentar superar sin éxito las reticencias de la banca. En la última de ellas, pedía liberar de garantías a un lote de activos valorados en 300 millones de euros para poder venderlas y obtener así la liquidez que necesitaba de forma inminente. En la segunda, había ofrecido una especie de dación en pago para canjear 2.300 millones en activos, entre ellos su proyecto estrella de Castellana 200, por deuda. Para ello crearían una filial encargada de poner en valor los inmuebles y suelo para venderlos o para que pasasen a ser propiedad de las entidades acreedoras.

Antes de confirmarse que pedía el concurso, la CNMV había suspendido su cotización en la Bolsa hasta nuevo aviso minutos antes de la apertura de las negociaciones. Los títulos de Reyal Urbis lideraron las pérdidas de la bolsa española durante prácticamente toda la sesión de este lunes, aunque al final de la jornada repuntaron un 7,8%, hasta anotarse la mayor subida. Las acciones de Reyal cerraron la sesión a 0,12 euros. Su crisis supone la caída del último de los supervivientes que alentó la burbuja.

Pese a la relevancia que tiene la entrada de Reyal Urbis en concurso, esta era una posibilidad más que evidente ante losproblemas que sufría la inmobiliaria para refinanciar su deuda desde que comenzó a negociar con sus acreedores a mediados de 2011. Al otro lado de la mesa la situación tampoco era muy boyante, con el sector financiero español medito de lleno en una seria reestructuración, escaldado de su inversión inmobiliaria y forzado a reducir el peso del ladrillo en sus balances.

Asimismo, Reyal Urbis arrastraba tensiones de tesorería y su situación financiera era de quiebra técnica. Los últimos resultados oficiales publicados del grupo que preside Santamaría, correspondientes al tercer trimestre de 2012, muestran unas pérdidas de 257 millones de euros y un desplome del 58% en su resultado de explotación.

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No debemos extrañarnos de que grandes empresas inmobiliarias suspendan pagos. Antes que ellas ha habido miles de pequeñas inmobiliarias que han ido cerrando una tras otra. Además, desde que los bancos “regalan” las casas que han desahuciado sin piedad, hacen a las inmobiliarias una competencia que éstas no pueden resistir.

En nuestra opinión, este proceso no tiene vuelta atrás. El gran número de inmobiliarias que había en España era soportado por una burbuja de la construcción que parecía que nunca se iba a acabar. Créditos salvajes, constructores por todas partes y una cultura de compra de piso en propiedad que tenemos los españoles, y que no es lo normal en el resto de Europa, hicieron de caldo de cultivo para el desastre inmobiliario que ahora estamos viviendo.

Ya no hay crédito fácil, los constructores no construyen y las inmobiliarias no venden. Caso cerrado.

 


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