Medidas del gobierno venezolano contra la corrupción animan las críticas de la oposición

Las asperezas manifiestas entre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el líder opositor de derecha, Henrique Capriles, no cesan. Unas declaraciones del presidente Maduro serían el nuevo detonante de una disputa de antaño en la nación patriota. El presidente Nicolás Maduro señaló que una de las metas de su gobierno es combatir la corrupción reinante en su país, por lo cual estaría dispuesto a tomar cualquier medida con tal de poder erradicar de raíz este mal que azota a la nación suramericana. Para dar inicio a su lucha contra la corrupción, el presidente tramitará la posibilidad de adquirir poderes especiales que le permitan hacer frente contra este mal.

El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció el lunes que pedirá una emergencia “constitucional” y “nacional” para luchar contra la corrupción y que solicitará “poderes especiales” para iniciar un proceso de reforma de las leyes para atender ese flagelo.

“Voy a llamar a una emergencia constitucional en la lucha contra la corrupción, contra las mafias, contra el narcotráfico, contra los contrabandistas del poder polí­tico”, dijo Maduro en cadena de radio y televisión.

El mandatario indicó durante un acto con jóvenes en la capital que pedirí­a “poderes especiales”, pero no ofreció detalles de cómo llevará adelante ese proceso.

Maduro planteó que es necesario fortalecer los artí­culos que regulan los hechos de corrupción. “Si es necesario cambiar todas las leyes que hay que cambiar para enfrentar la corrupción lo voy hacer”, agregó.

El gobernante inició el junio un plan de combate a la corrupción que llevó al arresto el 19 de ese mes de Carlos Ricardo Sánchez Atencio, jefe del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (Seniat) de la terminal portuaria de La Guaira, encausado por legitimación de capitales y asociación para delinquir; y Tryno Martí­nez Calderón, director nacional de Inspección y Fiscalización del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), encausado por extorsión y porte ilí­cito de un arma de fuego.

CERCA DE 50 DETENIDOS POR CORRUPCIÓN.

En el marco de plan de combate a la corrupción han sido detenidas unas 50 personas por supuestos hechos irregulares, declaró el domingo la fiscal general Luisa Ortega Dí­az.

El gobierno ha utilizado el plan de combate a la corrupción para intensificar sus ataques contra la oposición.

A finales del mes pasado la mayorí­a oficialista de la Asamblea Nacional le retiró la inmunidad al diputado opositor Richard Mardo para abrirle el camino a la Fiscalí­a General para investigarlo por los delitos de defraudación tributaria y legitimación de capitales.

El oficialismo ha acusado a Mardo de incurrir en hechos de corrupción a pesar de que el diputado nunca ha manejado fondos públicos desde que fue electo en el 2010.

Mardo ha rechazado las acusaciones y ha denunciado que es un “perseguido polí­tico”.

Las autoridades ordenaron a mediados de la semana pasada la captura y el allanamiento de la vivienda de Oscar López, director de despacho de la gobernación del estado central de Miranda, que dirige Henrique Capriles, denunció el bloque opositor de la Mesa de la Unidad Democrática.

Las autoridades no han informado sobre el proceso iniciado contra López, quien aún no ha sido detenido.

Capriles ha desestimado las acciones del gobierno de Maduro para combatir la corrupción y ha señalado que son “pura apariencia, un cuento chino” para “hacerle creer al pueblo que sí­ se ocupan de la corrupción”.

“No cae ningún pez gordo, porque si persiguen a todos, se quedarí­an sin gobierno”, ha asegurado el lí­der opositor.

Fuente: latercera.com

Medidas especiales contra señalados especiales

Una de las primeras medidas, contingentes por demás, por las que Maduro podría optar para llevar a cabo su lucha contra la corrupción, es la de hacer una reforma constitucional –e institucional-, que contemple sanciones mucho más drásticas a las actuales. Así lo señaló en su discurso, en el que tampoco descarta una pena de muerte a quienes incurran en este tipo de actos. Por ello declaró una emergencia constitucional.

No únicamente poderes especiales para sí mismo, ni reformas constitucionales, sino dando inicio a investigaciones que incriminan a diferentes funcionarios venezolanos. Formalmente la fiscal Luisa Ortega Díaz habla de una detención de 50 funcionarios y 53 acusaciones por hechos de corrupción. Curiosamente, varios de los implicados pertenecen a los partidos políticos de la oposición caprilista. Aunque otros son chavistas, como el exgobernador del estado de Guárico, Luis Enrique Gallardo.

A Óscar López le fue allanada su vivienda; Richard Mardo es investigado por defraudación tributaria; Carlos Ricardo Sánchez Atencio es acusado de concierto para delinquir; Tryno Martínez Calderón es acusado de portar un arma de fuego de manera ilegal, además del grave delito de extorsión.

Las investigaciones son infértiles, según la oposición

Pese a las medidas, que parecieran ser letales contra los corruptos, Henrique Capriles considera que estos enjuiciamientos son una cortina de humo, ya que no van dirigidas hacia los verdaderos corruptos, que él estima se encuentran en el partido oficialista: “No cae ningún pez gordo, porque si persiguen a todos, se quedarían sin gobierno”.

Al parecer, cualquier afirmación que se haga, se usa como pretexto para ventilar las animadversiones que desde hace tiempo unos y otros albergan mutuamente, en un país que se halla escindido, polarizado, a nivel político. Ni las declaraciones de uno y otro parecen mostrar un ánimo conciliador que permita afrontar las problemáticas de Venezuela de manera conjunta, sino que parecen estar más encaminadas a desprestigiar a sus adversarios políticos desde lo mediático.


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